G8: la letra chica de la anulación de las deudas

Publicado en: "enLACes de AWID" nro. 103
Link original: http://www.awid.org/go.php?stid=1487
Fecha: 16 de junio de 2005
Difundido por RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina e Info_RIMAweb

G8: la letra chica de la anulación de las deudas
Por Gabriela De Cicco

El 11 de junio, los Ministros de Finanzas del G8, el grupo de países más ricos del mundo:Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Rusia, anunciaron de manera espectacular una “anulación histórica” de la deuda de los países más pobres.

“Oficialmente, el G-8 no es un organismo implementador en ningún sentido, pero su rol en cuanto a influir sobre la política y la práctica económicas mundiales es inmenso. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se consideran las agencias a través de las cuales la voluntad del G-8 se operacionaliza. Dada su influencia, sumada a su falta de rendición de cuentas, la Cumbre del G-8 es un objetivo importante para los esfuerzos de defensa y gestión”. (1)

El acuerdo al que llegaron sólo incluye a 18 países: Benín, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Mali, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganza y Zambia; quizá más adelante, otros 20 países podrían incorporarse a esta lista, si cumplen con los estrictos compromisos exigidos por los acreedores.

Las exigencias están basadas, poco más o poco menos, en lo que en los años 90 se conoció como el “Consenso de Washington” o el paradigma económico neoliberal, esto es, un paquete de políticas económicas que debían seguir los países deudores o que aspiran a recibir ayuda del FMI o del BM.
Estas “recetas neoliberales que, entre otras razones, fueron las causantes de la crisis asiática, de la Mexicana y la de Argentina del 2001 por ejemplo, incluían: disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; desregulaciones; garantía de los derechos de propiedad. (2)

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